Foro de los pueblos presenta mandato para democratizar la comunicación

Quito, Ecuador, 18 de noviembre (OCLACC).- El Foro de los Pueblos, Nacionalidades, y movimientos sociales reunido en Quito resolvió presentar un mandato para que la ley de comunicación que se debate en la Asamblea Nacional democratice la comunicación, que es una demanda social "que por muchos años se habían convertido en un clamor", dice el documento entregado a la Comisión Ocasional de Comunicación.
En el mandato defiende la creación de un "sistema de comunicación que permita la actoría social, la participación del conjunto de la población, el respeto y expresión pública de las múltiples voces". Según el pronunciamiento, "la vigencia de todos los derechos" se "vuelven conocidos y exigibles a través de la comunicación, sumado a una información que aporte al conocimiento de las realidades y a la conformación de una opinión crítica".
Este derecho, solo será "posible ejercitarlo con un marco normativo, que de una vez por todas reconozca a las personas en interacción en una relación igualitaria de poder, que desarme las arcaicas estructuras mediáticas que sustentan un ilegítimo estatus quo, para dar paso al ejercicio pleno de las libertades de expresión e información de todas y todos los ecuatorianos", dice el mandato.
En el documento de diez puntos defiende la necesidad de "establecer en la ley el carácter público de la comunicación social y la información", y que la sociedad sea la "actora clave para la democratización de la comunicación".
Así también se demanda la redefinición del papel del Estado, "que debe pasar de sus limitadas obligaciones de Respetar y Garantizar el conjunto de derechos a Proteger y Cumplir, para la realización plena de los derechos de comunicación e información".
El mandato pide también que la ley tenga presente el "carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano", y que ello se cristalice en la Ley de Comunicación, "con carácter transversal".
De igual manera defiende el "sistema de comunicación social, como el elemento articulador de los actores (estado, empresas, medios, población), las políticas, la institucionalidad, las normativas, los recursos, que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la comunicación y sus derechos conexos".
Demanda también la distribución equitativa de las frecuencias entre "los sectores privado, comunitario y público" (33.3% a cada uno).
Así también exige que la ley debe garantizar el "acceso universal a las TIC" que incluya "la conectividad de banda ancha a través de la instalación de centros de acceso público por parte de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones y de las empresas concesionarias de los servicios de telecomunicaciones, especialmente en las áreas rurales y urbanas no atendidas por el mercado".
Lea el mandato completo aquí

Foro de la Comunicación demanda que la ley garantice derecho a la comunicación

Quito, Ecuador (OCLACC).- La ley de comunicación que se tramita en la Asamblea Nacional "no puede, de ninguna manera, retroceder de lo ya logrado en la Constitución aprobada mayoritariamente por el pueblo ecuatoriano", expresa el Foro Ecuatoriano de la Comunicación, en una carta pública remitida a la Presidenta de la Comisión Ocasional de Comunicación, Betty Carrillo, ayer lunes 16.

En la carta, el Foro de la Comunicación señala que la Ley de Comunicación debe avanzar aun más en la concreción de los derechos que se reconocen en la Constitución de la República, considerada "una Carta pionera en el escenario internacional" por incorporar el Derecho a la Comunicación en su texto.

Según se explica, el Derecho a la Comunicación implica la demanda social "de profundizar la democracia con la participación ciudadana en la toma de decisiones, para lo cual los diversos sectores ciudadanos precisan estar debidamente informados y tener acceso real a los medios de comunicación para poder expresar sus puntos de vista, cuestión que remite a la necesidad de potenciar la diversidad y pluralismo en tales medios; y, dos, el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, bajo la matriz de la convergencia digital, que entre otras cosas establece condiciones operativas de interactividad".

Fundamentando su demanda en la normativa de varios documentos internacionales que reconocen el derecho a la comunicación, el foro señala que "ya no solo se considera fundamental establecer normativas respecto a las obligaciones del Estado para Garantizar y Respetar el conjunto de derechos sancionados en la Constitución, sino también sus obligaciones de Proteger y de Cumplir (plurinacionalidad e interculturalidad, por ejemplo) para la realización plena de los Derechos de Comunicación".

El Foro de la comunicación cuestiona también la posición de algunos Asambleístas de la Comisión de de comunicación que se han alineado con la tesis de que no es necesario aprobar ninguna ley y que por ello han emprendido "una acción sistemática tendiente a descalificarla con antelación", de suerte "su tratamiento se dilate con presiones y chantajes para que al final resulte una normativa inocua a sus intereses y que el statu quo prevalezca".

Así también, el Foro de la Comunicación llama atención sobre "una gran la campaña" emprendida por "el poder mediático corporativo" que califica al proceso de construcción de la ley de comunicación como "intentos de aprobar una ley mordaza", cuando lo que se pretende es avanzar en el derecho a la comunicación.

En la comunicación se reconoce que la "construcción de una ley democrática, en este contexto, no es fácil pero el pueblo se pronunció mayoritariamente por la Constitución que, en materia de comunicación e información, recoge importantes avances que deben traducirse en un sistema de comunicación que agrupe a una nueva institucionalidad, normativas y políticas claramente establecidas".

Deigual manera demanda que el tema de la "convergencia digital", las nuevas tecnologías de comunicación e información se incluyan en la ley. La "democratización del espectro radioeléctrico y su distribución en forma tripartita entre medios privados, públicos y comunitarios; considerar a la comunicación y la información como servicios públicos y no como mercancías ni negocios; la fijación de cuotas para la producción nacional audiovisual, artística y publicitaria, son elementos indispensables para efectivizar el derecho constante en la Comunicación. Sin ellos la Constitución sería vulnerada", enfatiza el Foro de la Comunicación.
Lea el mandato completo aquí

FORO DE LA COMUNICACIÓN PRESENTÓ SU PROPUESTA DE LEY ANTE LOS ASAMBLEÍSTAS

Para construir la sociedad que soñamos

Las organizaciones y personalidades que integran el Foro Ecuatoriano de la Comunicación presentaron formalmente ante la Comisión ocasional de comunicación de la Asamblea Nacional el proyecto de ley que impulsan.

El Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central, Fernando López afirmó que la propuesta de Ley Orgánica de Comunicación que impulsa el Foro se propone como objetivo fundamental el reconocimiento de la comunicación como un derecho humano que pondrá las bases para la futura democratización de la sociedad ecuatoriana.

“la democratización de la comunicación es una tarea de todos” afirmó Fernando López, durante la exposición del proyecto de ley de comunicación presentado por este colectivo ante los asambleistas integrantes de la Comisión ocasional de Comunicación.

La nuestra es una Ley Orgánica de Comunicación tal y como manda la primera transitoria de la Constitución Política del Estado ecuatoriano. Es una propuesta de ley convergente, única y global y que no se restringe a una ley de medios, subrayó.

La Ley propuesta por el Foro promueve a la sociedad como actor clave en el proceso de democratización no sólo de la comunicación sino de la misma sociedad. Consideramos el libre acceso, equitativo y tripartito a las frecuencias del espectro radio eléctrico para el sector comunitario, público y privado, así como a las nuevas tecnologías de información y comunicación (NTIC).

Derecho a la Comunicación protegido y cumplido por el Estado

En la misma exposición, María Eugenia Garcés, Vicepresidenta de la Federación Nacional de Periodistas FENAPE, explicó que es necesario recuperar para la comunicación social y la información su carácter público en la que el Estado no sólo respeta y garantiza sino que protege y obliga a cumplir el derecho a la comunicación.

María Eugenia Garcés defendió el derecho a la participación social en la toma de decisiones de políticas de comunicación, mediante una integración plural y diversa del Consejo Social de Comunicación, instancia vinculante en la aplicación de dichas políticas.

La Ley del Foro Ecuatoriano de la Comunicación defiende el derecho a la libre expresión desde la perspectiva del derecho humano y el protagonismo de la sociedad en la construcción de una democracia incluyente que asume la plurinacionalidad y la interculturalidad del Estado ecuatoriano.

La propuesta de ley defiende las particularidades de los diversos actores sociales de la comunicación como son los comunicadores sociales y comunitarios y recupera para los medios, su función de servicio público y no de empresas privadas dedicadas exclusivamente a la obtención de lucro, añadió.

Hacia una Comunicación Intercultural y Plurinacional

Entre tanto, Carlos Yamberla, miembro del Foro en representación de los comunicadores de las Nacionalidades y Pueblos, afirmó que la propuesta de ley acoge una parte de la deuda histórica que la sociedad tiene con los pueblos ancestrales y la necesidad de que se asuman acciones afirmativas para promover su inclusión.

Propuso que los principios de la Plurinacionalidad y la Interculturalidad deben estar presentes en todos los artículos de la Ley de Comunicación. En este sentido, el Sistema Social de Comunicación debe ser un organismo incluyente que promueva políticas sociales de comunicación que permitan visibilizar la diversidad histórica y cultural del país.

La inclusión no implica hablar o publicar contenidos en Kichwa u otros idiomas indígenas sino reconocer a las Nacionalidades y Pueblos para que se expresen a partir de sus formas propias de comunicación.

En los medios comunitarios los contenidos se construyen de manera colectiva y desde una visión alternativa al mercado. Nos proponemos además descolonización de los contenidos indicó Carlos Yamberla.

La Comisión ocasional de comunicación presidida por la Dra. Betty Carrillo, contará para el martes 13 de octubre con la nómina completa de la Comisión Consultiva que estará conformada por académicos, profesionales y expertos de la comunicación, que trabajarán adhonorem como asesores de los asambleístas.

Foro expondrá proyecto de ley ante la Comisión de la Asamblea Nacional

Quito, Ecuador, 30 de septiembre (OCLACC).- El Foro Ecuatoriano de la Comunicación, integrado por varias organizaciones y redes de comunicación, gremios periodísticos, facultades y escuelas de comunicación y movimientos sociales, explicará su proyecto de ley ante los miembros de la Comisión Especial de la Asamblea Nacional que está estudiando los tres proyectos que fueron presentados oficialmente.

Según el calendario trazado, los representantes de las organizaciones integrantes del Foro de la Comunicación serán recibidos en el pleno la Comisión Especial la tarde del próximo martes 6 de octubre, a las 18h00, con la finalidad de que expongan los fundamentos y propuestas centrales del proyecto de ley elaborado por el colectivo de organizaciones articuladas en el Foro Ecuatoriano de la Comunicación.

Tras la decisión de la Asamblea Nacional de postergar hasta el 14 de febrero de 2010 el plazo de aprobación de la Ley de Comunicación, la Comisión Especial que analiza las propuestas de ley decidió recibir a los representantes de diversas organizaciones de comunicación, gremios profesionales, asociaciones de medios de comunicación, para recibir las observaciones e inquietudes sobre los proyectos.

Los miembros del Foro de la Comunicación reiteraron su confianza de que en la Comisión se acojan varias de las propuestas formuladas por este colectivo que ha venido trabajando en su proyecto legal desde hace más de una año.

Fernando López, Decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y coordinador de turno del Foro explicó que el proyecto de ley incluye normativas que se orientan a democratizar la comunicación y a hacer efectivos los derechos a la comunicación y a la información consagrados en la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano el 28 de septiembre de 2008.

Según agregó, es fundamental que la sociedad ecuatoriana participe activamente en el debate del proyecto de ley, porque es un tema que reviste la misma importancia que la educación, la salud, el empleo, la naturaleza y otros derechos.

Puntos claves del proyecto del Foro

La propuesta del Foro reivindica el Art. 16 de la Constitución de la República que dispone que: "Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos", dijo.

Para el vocero del Foro Ecuatoriano de la Comunicación, la propuesta de ley defiende el carácter público de la comunicación social y de la información, tanto como el carácter plurinacional e intercultural que debe reflejarse también en la ley.

Otro de los aspectos centrales de la propuesta es el sistema de comunicación social que asegure el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalezca la participación ciudadana, dijo.

Agregó que como contrapeso, proponen la creación del Consejo Social de la Comunicación, como una instancia autónoma con representación social mayoritaria, y que sería el encargado de velar por el ejercicio pleno de los derechos de la comunicación, procesar las denuncias y demandas de la sociedad en materia de contenidos y violaciones a las leyes y de articular las relaciones de la sociedad con el Estado.

El proyecto del Foro apunta a la construcción de un nuevo tipo de medios, que independientemente de su gestión o administración cumplan su misión de servicio público que por naturaleza les corresponden, explicó.

Así también defendió la propuesta de que el trabajo de los medios y de los comunicadores no deben estar sometidos a censura previa, pero sí asumir responsabilidad por lo que difunden, entendiendo que el interés superior es el bien común.

La demanda de lograr una distribución equitativa de las frecuencias radioeléctricas para radio y TV es otra de las propuestas que se incluyen en la ley, destacó, tras insistir en que el criterio del reparto tripartito de las frecuencias deben mantenerse en el nuevo sistema de frecuencias digitales.

De igual manera, insistió en que la ley debe garantizar el acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), el libre acceso a la información pública y transparencia, tanto como la exigencia para que la publicidad y la promoción se enmarquen en el respeto a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza, y se orienten por el interés social, a más de que se asigne con un criterio de pertinencia social y cultural.

La ley del Foro propone también que todas las personas que trabajan en la comunicación social deban cumplir y posibilitar el ejercicio del derecho a la comunicación de toda la población, señaló.

Que no quede en impunidad atentado a periodista de Telesur

El Foro Ecuatoriano de la Comunicación expresa su solidaridad con la periodista ecuatoriana Elena Rodríguez, corresponsal de la cadena multiestatal Telesur, quien fue agredida salvajemente en la noche del miércoles 16 de septiembre en un barrio del norte de Quito.

Tres agresores asaltaron y golpearon en el suelo a la comunicadora y le propinaron un cachazo de revólver en la cabeza que le ocasionó la pérdida del conocimiento, por lo que tuvo que ser traslada a una clínica en donde le diagnosticaron trauma cráneo encefálico leve y contusiones múltiples.

Esta agresión no parece ser obra de la delincuencia común puesto que los sujetos dejaron un panfleto en el vehículo de Rodríguez del que se desprende que el ataque se debe a su condición de periodista de TELESUR.

El Foro rechaza esta agresión y exige de las autoridades ecuatorianas una investigación profunda que permita descubrir y llevar a la justicia a los autores, cómplices y encubridoras de este repudiable hecho que recuerda las prácticas más siniestras de las dictaduras que asolaron el continente en décadas pasadas. Al mismo tiempo, se solidariza con la cadena TELESUR que está permitiendo romper con el monopolio de la palabra, favoreciendo la práctica de una comunicación internacional de carácter democrático y diverso.
Quito, a 23 de septiembre de 2009
Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador- FACSO
Federación Nacional de Periodistas del Ecuador- FENAPE
Colegio de Periodistas de Pichincha -CPP
Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador- CORPANP
Corporación de Emisoras de las Nacionalidades del Ecuador - CENAE
Tukuy Shimi
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador – CONAIE
Confederación Kichwas del Ecuador – ECUARUNARI
Consejo de Desarrollo de los Pueblos y Nacionalidades del Ecuador – CODENPE
Agencia Latinoamericana de Información – ALAI
Asociación Católica de comunicación - SIGNIS Ecuador

DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Garantiza propuesta de ley presentada por el Foro de la Comunicación

La democratización de la comunicación sustentada en la garantía para el ejercicio del derecho a las libertades de información, expresión y opinión, la libertad de prensa, la equidad en el reparto de las frecuencias; la pluralidad tanto en el uso, acceso y posesión de los medios de comunicación están contempladas en el proyecto de Ley Orgánica de la Comunicación, presentada el día de ayer por el Foro Ecuatoriano.

La distribución del espectro radioeléctrico en tres tercios para medios públicos, privados y comunitarios como garantía de la pluralidad en el reparto de este bien público; los derechos, responsabilidades y deberes de los medios de comunicación; el marco para que los medios públicos respondan a las demandas sociales y no gubernamentales; los requisitos para la concesión de frecuencias; la convergencia digital y los servicios de telecomunicaciones, entendiendo que todos los medios son canales que utilizan plataformas tecnológicas a través de las cuales circulan sentidos que transportan la expresión y opinión de la ciudadanía, son elementos que contempla esta ley para garantizar los derechos contemplados en la Constitución.

Por tanto, las regulaciones referentes a la administración y distribución del espectro radioeléctrico deben aplicarse, según esta ley, para todos los servicios de telecomunicaciones, sea cual fuere el soporte utilizado, así como de los servicios convergentes además de las protecciones y garantías para la inviolabilidad de datos personales, la privacidad y la intimidad.

Además incluye las regulaciones para el libre acceso a la información de carácter público, la normativa que permita a la ciudadanía contar con una información verificada, oportuna, contextualizada y sin censura previa; la cláusula de conciencia, la reserva de fuente, la rectificación y la reparación de los daños causados por publicaciones inexactas, así como los elementos necesario para que los medios cumplan con su carácter de servicio público y respondan con programación de calidad a las necesidades y demandas de la sociedad.

Para el efecto, y en respuesta a lo establecido en la Constitución, también se establece el Sistema Nacional de Comunicación, entendido como el articulador de todos los actores comunicacionales, las políticas, la normativa y la institucionalidad que garanticen el goce efectivo de los derechos. En cuanto a la institucionalidad se propone básicamente un órgano rector de la política nacional de comunicación, con rango ministerial; y como contrapeso ciudadano al Consejo Social de la Comunicación, como ente autónomo, con capacidad de participación real en las políticas de comunicación y canalizador de las demandas de los distintos actores.

Esta propuesta de ley establece que el control de contenidos debe ser social y no gubernamental y por lo tanto debe ser el Consejo Social de la Comunicación el que canalice las demandas sociales y sea el encargado de velar y contribuir al ejercicio pleno de la comunicación y de la libertad de expresión, la defensa y garantías de los tres sectores de medios y el impulso a la participación ciudadana.

Esta iniciativa social, que no responde a motivaciones partidistas y fue entregada a la Asamblea Nacional, a través del bloque Pachakutik, fue elaborada por un conjunto de organizaciones entre ellas Universidades, gremios de profesionales, redes sociales de comunicación y organizaciones sociales, que conforman el Foro y en el marco de la Coordinadora Social de la Comunicación conformada con el fin de consensuar y articular las propuestas existentes de la sociedad.

El documento fue suscrito por la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, la Federación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Pichincha, la CORPANP Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos, Alternativa Faro, CONAIE, CODENPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Unión Metropolitana de Barrios de Quito, Federación de Barrios de Carcelén, Fundación Tukui Shimi y ALAI.

Informe de la auditoría de frecuencias debe hacerse público, pide el Foro

Carta abierta

Quito DM, 7 de agosto de 2009

Señor arquitecto

Galo Borja

MINISTRO DE COORDINACIÓN DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS

Asunto: PRESENTACIÓN OFICIAL DEL INFORME DE LA COMISIÓN AUDITORA DE FRECUENCIAS

Presente

Las organizaciones integrantes del Foro Ecuatoriano de la Comunicación que participamos en el proceso constituyente y en la construcción de propuestas que se han cristalizado en la Constitución con respecto a los derechos a la comunicación e información, acogimos positivamente la conformación de la Comisión para la Auditoría de las Concesiones de Frecuencias de Radio y Televisión.

Hemos seguido con interés el trabajo desarrollado por la Comisión de Auditoría, en especial con la expectativa que los resultados del Informe Final puedan contribuir a la democratización de la comunicación, una aspiración permanente de muchos sectores sociales del país, entre los cuales nos incluimos.

Una vez que la Comisión realizó la entrega oficial del Informe Final el 18 de mayo del presente año, cumpliendo el plazo establecido en la Constitución de la República, consideramos que es fundamental y urgente su difusión pública. El Decreto 1445 mediante el cual se conformó la Comisión determina que el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos es el responsable de hacerlo conocer al pueblo ecuatoriano.

En conocimiento de la seriedad con la cual la Comisión ha cumplido con la Auditoría, consideramos necesario que se haga la presentación oficial del Informe Final, como lo determina el Decreto respectivo, para que se realice un debate público en todos los sectores sobre los contenidos del Informe. Esto se convierte en un tema urgente, además, cuando está en discusión en este momento la elaboración de la Ley de Comunicación. Sin duda, la investigación y los resultados determinados en el Informe Final de la Comisión de Auditoría contribuyen con importantes criterios para la elaboración de la nueva normativa de comunicación, particularmente con relación al proceso de asignación de frecuencias.

Por otro lado, en línea con la necesidad de extirpar la corrupción de nuestro país, creemos que todos y todas tenemos el derecho a conocer cómo el sector privado se ha apropiado para su beneficio de un bien público, como lo constituye el espectro radioeléctrico, lo cual ha limitado profundamente la libertad de expresión de la mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas.

Finalmente, no podemos avalar que personas ajenas a quienes elaboraron el informe realicen una difusión no oficial –cuya versión electrónica está en circulación-, cuando el canal está claramente establecido en el Decreto respectivo, por lo cual solicitamos que en el menor plazo posible, el Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos realice la presentación pública oficial del Informe Final elaborado por los integrantes de la Comisión para la Auditoría.

FACSO-UC; FENAPE, ALAI, ALER, CORAPE, OCLACC, SIGNIS-Ecuador; CPP, ACJ, Tukui Shimi, CONAIE, CODENPE, FCS-UPS; Red de Radios Kichwas, AIDIC-Representación Ecuador

Se crea la Coordinadora Social por la Comunicación

El Foro Ecuatoriano Permanente de la Comunicación dio a conocer sobre la integración de la Coordinadora Social por la Comunicación, como un colectivo de convergencia de varias organizaciones y redes de comunicación y diversos actores sociales, con la finalidad generar procesos de debate y reflexión orientados a aportar a la elaboración de un proyecto de ley de comunicación, de manera participativa y acorde con las realidades nacionales.

A esta Coordinadora se integraron el Foro Ecuatoriano de la Comunicación, en el que a su vez confluyen más de 20 organizaciones entre las que se cuentan Universidades, Gremios de la Comunicación, Organizaciones y redes de Comunicación, Organizaciones indígenas, a más de profesionales a título personal; el Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina, CIESPAL; la Asociación de Graduados de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador; y la Comisión Auditora de las Frecuencias, entre otras organizaciones.

A través de esta confluencia, los participantes esperan generar una agenda conjunta de análisis y debate de la comunicación social, bajo el principio de defensa a los derechos de la Comunicación contemplados en la Constitución de la República, en un esfuerzo por lograr la verdadera democratización, como base para el cambio de las estructuras tradicionales y la conformación de una sociedad más equitativa y solidaria. De esta agenda conjunta se recogerán los principios para sustentar lo que deberá ser la nueva Ley de Comunicación, que debe ser aprobada, por mandato constitucional, hasta octubre del presente año.

Quienes conforman la Coordinadora hacen un llamado a toda la ciudadanía, para que de manera colectiva o de forma individual se integren a este espacio democrático y participativo.

Para más información escriba al E mail: Coordinadora Social de Comunicación coordinadorasocialcom@gmail.com

Foro Ecuatoriano de la Comunicación solidario con OCLACC

Quito, Ecuador, 16 de julio (OCLACC).- El Foro Ecuatoriano de la Comunicación expresó su solidaridad y apoyo moral a la Organización Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, OCLACC, por la postergación del Mutirao de comunicación para febrero del próximo año, debido a la emergencia suscitada ante el avance de la epidemia de la Gripe AH1N1, en Porto Alegre, ciudad sede de este encuentro continental de la comunicación, que debía llevarse a cabo durante esta semana.

En una comunicación oficial remitida por el Foro que agrupa a alrededor de 20 organizaciones y redes de comunicación, tanto como facultades y escuelas de comunicación, gremios periodísticos, movimientos sociales y profesionales que comparten el compromiso de luchar por la democratización de la comunicación, manifiesta que la decisión de OCLACC y el comité organizador de aplazar el evento, aunque difícil, constituye un ejercicio de enorme responsabilidad en el objetivo de "proteger la salud y la vida de las y los participantes en este encuentro democrático de debate y análisis de la comunicación".

"El Foro Ecuatoriano de la Comunicación, desde que conoció de la organización de este evento de trabajo colectivo y solidario, para construir sentidos y propuestas de una comunicación democrática, que parta del análisis de la realidad social, política y económica que vive nuestro continente, alentó y celebró el interés con el que ustedes venían programando este Mutirao", dice la carta suscrita por Fernando López, decano de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y coordinador del Foro.

Se agrega además que en Ecuador se está trabajando también en la elaboración de un proyecto de ley de comunicación que se inscribe en un proceso de debate y participación sobre el derecho y ejercicio ciudadano a la comunicación con miras a sentar las bases para construir "la nueva sociedad democrática", que se propone también el Mutirao.

"Como Foro Ecuatoriano de la Comunicación, a través de OCLACC, permaneceremos pendientes y nos comprometemos a apoyar, en la medida que ustedes consideren, tan importante evento", concluye el mensaje.
Lea la comunicación completa

La comunicación: un derecho secuestrado en Honduras

El Foro Ecuatoriano de la Comunicación repudia el golpe de Estado efectuado en Honduras y, de manera particular, rechaza la violación flagrante de los derechos humanos de la población hondureña y específicamente de los derechos a la comunicación; al tiempo que expresa su solidaridad con los comunicadores, comunicadoras y medios que a pesar de las restricciones siguen cumpliendo su función social de informar sobre la realidad de la crisis política que soporta este país centroamericano.

Parte de las medidas del golpe ha sido justamente el silenciamiento de las voces que defienden la Constitución y la institucionalidad democrática, comenzando con la suspensión de la consulta que debía realizarse el domingo. Ataques y represión a los movimientos y líderes sociales y políticos; agresiones contra periodistas y comunicadores/as; clausura de medios; bloqueo de la información internacional hacia el país; suspensión de servicios básicos de comunicación, se cuentan entre las medidas implementadas.

Los atropellos al trabajo de la prensa han incluido, entre otros, el hostigamiento a reporteros de la televisora latinoamericana Telesur; la suspensión a la fuerza de la programación de varias emisoras, entre ellas a Radio Progreso (comunitaria), y los canales de televisión 8 (estatal) y 36.

También hay comunicadores detenidos, como Carlos Bueso, miembro de Comunicación Comunitaria (COMUN) que edita la revista Vida Laboral; o que sufren presiones legales, como ocurrió a Jhonny José Lagos, redactor del periódico “El Libertador”, luego de que el medio preguntó a los lectores si estaban a favor o en contra de una “consulta pública” respecto a los cambios constitucionales.

También se denuncia hostigamiento a medios, como el diario Tiempo de San Pedro de Sula. A estas violaciones, se añade el respaldo irrestricto al golpe por parte de grandes medios vinculados al poder económico, que demuestran un afán propagandístico para justificar el acto inconstitucional y silenciar a quienes respaldan al presidente legítimo.

Sumamos nuestras voces a la demanda mundial de restablecer el orden constitucional en Honduras y las garantías en el plano de la comunicación. Ello implica tanto el respeto al trabajo independiente de los medios y de quienes laboran en la comunicación; como la vigencia y garantía del derecho de la ciudadanía hondureña a buscar, recibir e impartir información, y a expresar su voz públicamente. Sin este derecho, no puede haber ni libertad de expresión ni democracia.

FORO ECUATORIANO DE LA COMUNICACIÓN

Propuesta del Foro Ecuatoriano de la Comunicación para Democratizar la Comunicación

Ecuador transita por un período de alta significación histórica. El 28 de septiembre de 2008, el país aprobó una nueva Constitución que cristaliza anhelos acumulados de la gran mayoría de la población para alcanzar las transformaciones estructurales indispensables para un convivir justo, equitativo y digno. Entre los logros constitucionales alcanzados se encuentra el reconocimiento de los Derechos de la Comunicación e Información que establecen un marco inédito para avanzar hacia una profunda democratización de la comunicación.

El Foro Ecuatoriano de la Comunicación reivindica y defiende el Derecho a la Comunicación consagrado en la Constitución, la cual en su Art. 16 dispone que: "Todas las personas en forma individual o colectiva, tienen derecho a: 1) Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos".

El ser humano vive y se desarrolla gracias a la comunicación, la cual es fundamento de todo proceso de organización de la sociedad. Por ello, la comunicación es un derecho humano fundamental. La capacidad comunicativa es lo que permite ser y constituirse de manera individual y diferenciada frente a los otros/as y en ese reconocimiento construirse como un sujeto libre, con capacidad de pensamiento y actuación, y también parte de un colectivo con el que interacciona y asiente y disiente, para constituirse y construir sociedad. La comunicación es también la base para el ejercicio de todos los derechos.

En este sentido, el Foro considera fundamental que la nueva Ley Orgánica de Comunicación se sustente en la naturaleza pública de la comunicación social con disposiciones que hagan de la sociedad un actor clave para la democratización de las comunicaciones, superando normativas excluyentes del pasado, por estar circunscritas a la relación entre Estado y sector privado empresarial. Esto implica, además, que las regulaciones respecto al Estado no se limiten a sus obligaciones de Respetar y Garantizar el conjunto de derechos sancionados en la Carta Magna, sino que incluyan también de manera taxativa sus obligaciones de Proteger y de Cumplir, para la realización plena de los derechos de comunicación e información.

Además se impone considerar que, debido a los acelerados cambios tecnológicos en el área de la comunicación, el horizonte está marcado por la convergencia digital que implica un entrelazamiento de medios, formatos y contenidos, siendo que voz, videos y textos pueden circular a través de un mismo soporte o red.

En consecuencia, se torna imperativo una reglamentación convergente, una ley única y global, que articule las diversas actividades (tecnología, infraestructura y contenidos), bajo el prisma del interés público. Obviamente, por el peso que tiene, consideramos que el sector de las telecomunicaciones debe ser abordado con sus particularidades, pero bajo esta normativa única y global.

Bases para la Ley Orgánica de Comunicación

Principios de una comunicación democrática:

Plurinacionalidad.- en el nuevo Estado se reconoce a los pueblos y nacionalidades originarios y ancestrales como actores políticos con territorio, gobierno, sistema jurídico, económico y cultural que supere los rezagos coloniales. Busca la unidad en la diversidad, en armonía entre naturaleza, sociedad y cultura, con el buen vivir como eje del nuevo proceso civilizatorio.

Interculturalidad.- implica el reconocimiento de relaciones e interacciones respetuosas entre culturas; relaciones justas, recíprocas, solidarias, democráticas y de cooperación; basadas en la igualdad de derechos y la redistribución del poder. Es la posibilidad de repensar nuestra relación con la naturaleza y la espiritualidad.

Igualdad en la diversidad.- el ejercicio de los derechos, en igualdad de condiciones y con justicia social y ecológica y pertenencia cultural, asumiendo las diversidades en tanto elementos cohesionadores y enriquecimiento mutuo. Las diferencias culturales, sociales, de género, o de cualquier otra índole no deben implicar discriminación.

Corresponsabilidad.- para que el Estado y la ciudadanía asuman las obligaciones y deberes para el pleno ejercicio de los principios y derechos de la comunicación.

Participación.- La inclusión autónoma y crítica de todas las personas, colectividades y pueblos en la decisión, conducción, construcción, y evaluación de todos los asuntos relacionados con la comunicación.

Soberanía.- como base de la voluntad y participación del pueblo; es complementaria a la integración regional y a la búsqueda de paz, democracia y justicia social en el contexto internacional.


El Sistema de Comunicación

La Constitución prevé que el Sistema de Comunicación Social asegurará el ejercicio de los derechos en esta materia y fortalecerá la participación ciudadana (Art. 384). El Foro considera que el Sistema de Comunicación debe rebasar la institucionalidad tradicional, con miras a incluir todos los aspectos relacionados con el tema: políticas, actores (privados, públicos, organizaciones sociales y comunitarias, pueblos), medios, telecomunicaciones, institucionalidad y normativa, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución. Asimismo, debe garantizar el ejercicio de un control de la ciudadanía sobre la formulación de políticas, la calidad de los servicios y contenidos. Y además, debe tener la debida articulación con los sistemas de educación, cultura, salud, etc.

El órgano rector del sistema, con rango ministerial, sería el encargado de definir, formular y ejecutar las políticas públicas y planes comunicacionales, de garantizar el ejercicio de los principios y derechos de la comunicación, de fomentar, regular y controlar las entidades, procesos y recursos que conforman el Sistema y de coordinar con los actores involucrados.

Además, se debe conformar una instancia autónoma (Consejo) de participación social encargada de velar y contribuir al ejercicio pleno de la comunicación y de la libertad de expresión, de proponer políticas y planes públicos de comunicación; de la defensa y garantías de los tres sectores de medios; de impulsar mecanismos de participación ciudadana; y de procesar los reclamos de la ciudadanía. En su conformación participarán representantes de distintos sectores de la sociedad (pueblos y nacionalidades, organizaciones sociales, comunicadores, escuelas y facultades de comunicación, etc.). Esta instancia autónoma contará con un mecanismo descentralizado de funcionamiento (regional – municipal).

Control social

El control y la participación social son fundamentales para que los medios puedan cumplir a cabalidad sus objetivos. Los ciudadanos/as y organizaciones cumplen un papel activo frente a los medios. Tienen derecho a contar con programas de calidad, con contenidos eminentemente educativos y culturales e información contextualizada, verificada y libre de contenidos sexistas, racistas, violentos, discriminatorios o xenófobos. Tienen derecho a participar en la elaboración de criterios de programación y contenidos de los medios. Deben ejercer los derechos de respuesta o rectificación cuando se considere que han sido agraviados o perjudicados por imágenes e informaciones inexactas o injuriosas.

Tienen derecho a organizar veedurías y observatorios de medios y a recibir apoyo del Estado para el cumplimiento de estas tareas. Para defender y promover estos derechos, los usuarios y usuarias pueden organizarse contando con todas las garantías legales.

Para cualificar el control social, el Estado debe incorporar programas de capacitación en lectura crítica de medios de comunicación en el sistema educativo formal y no formal.

Los medios de comunicación

El Foro concibe a los medios como un servicio público antes que como un negocio. Reconoce su papel y responsabilidad social. La función primordial de éstos es servir a la comunidad y al interés colectivo y facilitar el debate y la deliberación para que la población ejerza su derecho a actuar e incidir en la sociedad. Por lo tanto, el Foro se opone a todo tipo de oligopolio o monopolio en el campo mediático. Las entidades y grupos financieros no podrán participar en el control del capital, en la inversión o el patrimonio de los medios de comunicación social.

El pueblo ecuatoriano tiene derecho a contar con medios plurales y diversos, que reflejen las particularidades sociales, étnicas, culturales, lingüísticas y otras del país. La Constitución vigente reconoce y garantiza igualdad de condiciones a los tres tipos de medios: comunitarios, públicos y privados, y por lo tanto deben tener derecho a acceder en forma equitativa, transparente y descentralizada a las fuentes de información y a la publicidad oficial, para democratizar la distribución de información y los recursos para la comunicación.

Los medios no deben estar sometidos a censura previa, pero sí asumir responsabilidad por lo que difunden, entendiendo que el interés superior es el bien común y a ese bien común se llega a través de un ejercicio profesional y profundamente ético. En el diseño de sus formatos y contenidos deberán tomar en cuenta los criterios y las sugerencias de la ciudadanía. Además, deben difundir públicamente su programación, la nómina de sus directivos y accionistas, sus formas de financiamiento y los códigos de ética que los rigen.

La legislación debe establecer las debidas sanciones ante la violación a los derechos de réplica y rectificación, previstos en la Constitución. La libertad de opinión no puede ser invocada para difundir afirmaciones, que sin verificación, atenten contra la dignidad y honra de terceros.

Los medios públicos pertenecen a la sociedad ecuatoriana. Su finalidad es producir y difundir contenidos esencialmente educativos y culturales de calidad que reflejen las diversidades, que promuevan los derechos de la naturaleza y fomenten la interculturalidad, la identidad, la soberanía y la integración nacional y latinoamericana. Responden a las demandas sociales y no gubernamentales, por lo que su estructura y línea editorial deben ser independientes.

Los medios comunitarios: tienen como finalidad impulsar las capacidades de expresión, incidencia y participación activa de las nacionalidades, pueblos indígenas; afroecuatorianos y montubios y sectores populares, dentro del Estado Plurinacional e Intercultural, así como el fortalecimiento de las identidades, de las bases sociales, sus formas propias de organización y de cohesión comunitaria. Su programación se define con la participación de la comunidad. No persiguen fines de lucro. Su propiedad y dirección corresponden pueblos y nacionalidades y a organizaciones sociales, de distinto índole.

Los medios privados pertenecen a personas naturales y jurídicas, reconocidas por la Constitución y las leyes. Su finalidad social es la establecida para todos los medios.

Para favorecer la aplicación del carácter plurinacional e intercultural del Estado ecuatoriano, reconocido en la Constitución y pagar la deuda social e histórica con los pueblos y nacionalidades, se requiere la creación de un fondo para instalar y mantener sus medios de comunicación y el acceso, uso y apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs).

La adjudicación de frecuencias

El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público, inalienable, imprescriptible e inembargable y limitado. La Constitución establece que lo administra y controla el Estado (Art. 312), el cual debe garantizar "la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, privadas y comunitarias" (Art. 17). En consecuencia, la legislación debe normar la concesión de frecuencias del espectro en partes iguales, a estos tres sectores.

Las frecuencias para medios audiovisuales comunitarios tendrán las mismas características de potencia y cobertura que se establezcan para medios públicos y privados.

Los pueblos y nacionalidades podrán tener acceso a cada uno de los tres sectores. De las frecuencias establecidas para los medios comunitarios se les deberá asignar un mínimo del 20%.

Los criterios de reparto tripartito de las frecuencias deben mantenerse en el nuevo sistema de frecuencias digitales; pero además, el sistema que se adopte debe permitir multiplicar las frecuencias abiertas, a fin de democratizar la comunicación. Estos mismos criterios deben aplicarse también a la TV por cable.

La Constitución, asimismo, garantiza: "el acceso a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas”, cuidando de que en su utilización prevalezca el interés colectivo. Se entiende por bandas libres a aquellas que se ubican en el espectro de 2.4 y 5.8 GHz que en el país se conocen como MDBA (modulación digital de banda ancha) y que no necesitan ser licenciadas. Estas redes inalámbricas corren el riesgo de saturación y utilización solamente en función de grandes intereses privados, por lo que deben ser reguladas precautelando el interés colectivo, y dando prioridad a aquellas redes que trabajan en salud, educación, ciencia, promoción social y otras que procuran el buen vivir.

Programación y espacios

Conforme a lo señalado en el Art. 2 de la Constitución, todos los medios públicos de comunicación están obligados a mantener programación y espacios regulares para promover los idiomas y lenguas de los pueblos y nacionalidades.

En los medios comerciales, se debe establecer franjas horarias y secciones con igual propósito. Este tratamiento debe mantenerse en todo tipo de programas: cultural, educativo, de opinión o recreativo-deportivo.

La legislación y las políticas públicas deben prever un régimen particular para los medios de las nacionalidades, en sus propios idiomas y lenguas.

Los medios de comunicación deben establecer contenidos de calidad dedicados a la niñez y la juventud en espacios y horarios apropiados; y para otros grupos humanos no considerados por criterios comerciales.

El Estado y los medios de comunicación deben promover, privilegiar y asignar espacios para la difusión de la producción nacional y regional independiente, con estándares de calidad, incluyendo espacios para la producción de las nacionalidades y pueblos. Los canales de televisión de alcance nacional o regional deben incluir en su programación al menos un 30% de tiempo para la difusión audiovisual y cinematográfica nacional/regional, en horarios apropiados a la audiencia, porcentaje que debe incrementarse progresivamente. Los medios de comunicación están obligados a diferenciar explícitamente los espacios informativos de los de opinión.

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)

La Constitución reconoce como derecho el acceso universal a las TICs (Art. 16). Por lo mismo, su cobertura, acceso y uso debe ser ampliado, para el ejercicio efectivo de este derecho, tanto con respecto a las tecnologías existentes, como de las que se vayan incorporando, para evitar cualquier tipo de monopolización que conculque los derechos referidos.

El desarrollo de las industrias y servicios de telecomunicaciones debe permitir tanto la inversión privada, como las iniciativas de economía social y solidaria, y aquellas desarrolladas sobre la base del conocimiento compartido y abierto.

Como estas tecnologías ofrecen también grandes posibilidades de desarrollar conocimientos y aplicaciones que podrían destinarse a mejorar las condiciones económicas y sociales del país, el Estado y las instituciones educativas deben promover la investigación científica y tecnológica en comunicación bajo este criterio. Ello incluye el uso preferencial de software libre en la administración pública y en la educación, además del fomento a la creación nacional de software.

Las decisiones nacionales sobre opciones tecnológicas con implicaciones para el futuro del país, por ejemplo, la televisión digital, deben ser objeto de un amplio debate público, y basarse en criterios del buen vivir, y no solamente en intereses tecno-económico-mercantiles.

Puesto que las tecnologías digitales generan una posibilidad inédita de vigilar a la ciudadanía, violar la privacidad y la intimidad, acceder y usar indebidamente datos personales, la legislación debe proveer las protecciones y garantías adecuadas y establecer sanciones a las violaciones a estos derechos, cometidas por entes públicos o privados.


Los/as trabajadores y trabajadoras de la comunicación social

Todas las personas que trabajan en la comunicación social deben cumplir y posibilitar el ejercicio del derecho a la comunicación de toda la población.

Se debe garantizar la cláusula de conciencia, el secreto profesional y reserva de la fuente a quienes informen, emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad de comunicación social.

El libre acceso a la información pública y transparencia

Todas las entidades públicas o privadas que manejen presupuestos del Estado deben estar obligadas a informar sobre sus actividades y uso de recursos, de manera transparente.

Los medios y profesionales de la comunicación social y la ciudadanía tienen el derecho de demandar y recibir información transparente y oportuna de las entidades públicas y de las privadas que manejen fondos del Estado o que realicen funciones públicas. La legislación debe establecer sanciones por el incumplimiento.


La promoción y publicidad

La publicidad y la promoción deben enmarcarse en el respeto a los derechos humanos, a los derechos de la naturaleza, y orientarse por el interés social.

La publicidad debe fomentar hábitos y costumbres que mejoren la calidad de vida y contribuir a un consumo racional. La publicidad debe identificarse claramente como tal y no confundirse como programación general. No puede recurrir al engaño ni la mentira.

Ninguna publicidad comercial debe estar dirigida a niños/as menores de 10 años, ni ubicarse en horarios destinados a esa edad.

La publicidad y promoción oficial deberán difundirse por los medios de cobertura nacional, regional, provincial y local, atendiendo a un criterio de pertinencia social y cultural (no al rating). Se enmarcarán en lo dispuesto por la Constitución respecto a los idiomas y lenguas de los pueblos y nacionalidades.


Vigencia y respeto a otras formas de comunicación

Además de los medios de comunicación social, existen muy variadas formas de información y expresión, en la diversidad de pueblos, comunidades y colectividades: expresiones artísticas, recreacionales, creativas, de inclusión de personas con capacidades especiales y otras. Estas formas de comunicación, que nacen de la identidad colectiva, deben tener la oportunidad de ser valorados y reconocidos en el ámbito público. Deben contar con garantías y políticas de promoción, espacios de expresión y participación, sin restricciones.

FORO ECUATORI ANO DE LA COMUNICACIÓN

Por la democratización de la comunicación en el Ecuador: FORO ABIERTO de la sociedad civil

Estimados amigos y amigas:
La demanda social por la democratización de la comunicación ha sido un elemento sustancial para lograr que el país discuta abiertamente temas esenciales, como en efecto lo está haciendo; pero este espacio ganado no puede perderse y por el contrario tiene que ser canalizado para sustentar la normativa que permita el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación y todos los relacionados. Por ello les invitamos a todas las organizaciones sociales, organizaciones y redes de comunicación; facultades y escuelas de comunicación, docentes, investigadores, profesionales de la comunicación, comunicadores y comunicadoras populares, estudiantes, y todos quienes somos parte de la sociedad ecuatoriana a que juntos analicemos la situación y exploraremos elementos para construir una agenda común.
Te convocamos a un Foro abierto de intercambio este viernes 26 de junio, a las 16h00, en la sede de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, FACSO, en Quito. En este encuentro debatiremos elementos para formular una agenda común.
Al cierre compartiremos un brindis

FORO ECUATORIANO DE LA COMUNICACIÓN

Comisión auditora de frecuencias entregó informe

(OCLACC).- Un día antes de que concluya el plazo de 180 días que dispuso la transitoria 24 de la Constitución de Montecristi para realizar una investigación sobre las adjudicaciones de las frecuencias de radio y televisión, la Comisión especial de auditoria entregó su informe al presidente de la república, Rafael Correa, la tarde del lunes 18 de mayo.

El presidente de la comisión, Guillermo Navarro, explicó que el informe final consta de dos partes: la primera que incluye los resultados de la auditoria y en la segunda se agregan los anexos y documentos de respaldo.

La comisión hizo un estudio de 1637 concesiones que están vigentes, sin embargo no determinó el número de concesiones adjudicadas ilegalmente.

Según explicó Navarro, la comisión realizó un barrido (análisis) de las 5500 resoluciones adoptadas por el Consejo Nacional de Telecomunicaciones (Conartel) para la concesión de las frecuencias.

Explicó que en el informe se detallan todos los elementos para demostrar las irregularidades que se han detectado en esta tarea, las cuales sin embargo no especificó.

El contenido de este informe debe hacerlo público el ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Galo Borja, según así se establece en el Decreto Ejecutivo 1445.

Foro Ecuatoriano de la Comunicación rechaza resolución de CONARTEL

FORO DE LA COMUNICACIÓN DENUNCIA PÚBLICAMENTE QUE CONARTEL SE ARROGÓ FUNCIONES EN DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIAS

El Foro Ecuatoriano Permanente de la Comunicación denuncia que el Consejo Nacional de Radiodifusión y Televisión (CONARTEL) asumió funciones que no le corresponden, al disponer arbitrariamente una distribución de frecuencias que permiten que el 70% sea entregado a medios privados y el 30% a medios públicos y comunitarios, lo que constituye una flagrante violación a los principios constitucionales.

El “Reglamento de políticas institucionales y procedimientos para la concesión de frecuencias para la operación de estaciones de radiodifusión, televisión y sistemas de audio y video por suscripción”, emitido el 1º de abril, contradice el artículo 17, numerales 1, 2 y 3 de la Constitución que dispone que el Estado garantizará la asignación de las frecuencias, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privadas y comunitarias, facilitará la creación y fortalecimiento de los medios de comunicación y no permitirá “el oligopolio o monopolio, directo o indirecto, de la propiedad de los medios de comunicación y del uso de las frecuencias”.

Con la expedición de este reglamento inconsulto, arbitrario y anti-democrático, el CONARTEL adopta una medida totalmente inequitativa, que contrariamente al espíritu de la Constitución vigente, favorece a los sectores privados, que han sido quienes por décadas han monopolizado la radiodifusión y la televisión, con criterios de rentabilidad y no de servicio público, perjudicando abiertamente a la mayoría de sectores de la población, lo que se opone al ejercicio del derecho humano a la comunicación, coarta la libertad de expresión de la población y no contribuye, de manera alguna, a la democratización de la sociedad.

El CONARTEL se arroga funciones que no le corresponden, al pretender interpretar la Constitución. También se adelanta de manera inexplicable al informe de la Comisión de Auditoría de Frecuencias (formada mediante Decreto Ejecutivo en cumplimiento de un mandato constitucional), que debe ser entregado el 19 de mayo de 2009, y a la Ley de Comunicación, que es la que debe normar los porcentajes de la asignación de frecuencias, y que debe ser aprobada por la Asamblea Legislativa, previo un debate democrático, en un plazo que vence el próximo 20 de octubre de 2009.

Por estos motivos, el Foro Ecuatoriano de la Comunicación rechaza el reglamento aprobado por el CONARTEL, se reafirma en su planteamiento de que las frecuencias del espectro radioeléctrico deben ser repartidas equitativamente, esto en un 33% para los medios públicos, 33 % para los privados y 33% comunitarios, y se reserva el derecho de recurrir a los tribunales para demandar la derogatoria de dicho reglamento y la sanción para quienes actúan de manera contraria al espíritu de la Constitución y a los intereses colectivos.

Quito, 13 de mayo de 2009

La ley de Comunicación ecuatoriana debatida por los movimientos sociales

(ALAI).- El Foro Ecuatoriano de la Comunicación, en un proceso de sensibilización y socialización, abrió un debate con diversas organizaciones sociales sobre la propuesta de nueva Ley de Comunicación, que se encuentra en preparación para su próxima discusión en la Asamblea Nacional, la cual -según dispone la nueva Constitución ecuatoriana- debe aprobarla hasta octubre de este año.

La reformulación de la legislación en materia de comunicación, en un sentido democratizador, es un tema que se está planteando en diversas partes del continente, como lo señaló Osvaldo León, director de ALAI. En Argentina, por ejemplo, se debate una propuesta de ley de servicios de comunicación audiovisual que propone un reparto equitativo del espectro entre los sectores público, comercial y comunitario; asimismo, en Brasil la Corte Suprema derogó recientemente la ley de prensa adoptada por la dictadura, por estar inconforme con la actual constitución.

La nueva Constitución de Ecuador, adoptado por referendo en septiembre pasado, es la más avanzada de América Latina, y quizás del mundo, en materia de comunicación, según León; pero el reto ahora sería cómo plasmar los derechos en leyes que garanticen su vigencia. Tiene que ver con el control público del sistema de comunicación en todos los niveles, afirmó.

Entre otros, implica el reto de incorporar el carácter plurinacional y pluricultural del Estado ecuatoriano, lo que significa necesariamente repensar la relación comunicación y cultura. Siendo que la comunicación es hoy una reivindicación ciudadana fundamental, León destacó la necesidad de dar cuenta de la expresión y participación de los diversos actores sociales, y sus temáticas, así como incorporar ejes transversales como el de género, el generacional y lo étnico.

René Espín, presidente del Colegio Nacional de Periodistas, comentó por su parte que este proceso de debate y presentación de propuestas en torno a la comunicación, lo ha venido desarrollando el Foro de la Comunicación desde que se inició el proceso de construcción constitucional.

Entre los temas que entran en discusión con esta nueva ley de comunicación, está la democratización de las frecuencias y su reparto entre los tres sectores reconocidos en la Constitución: el privado, el público y el comunitario, frente a lo cual el Foro de la Comunicación propone el 33% para cada sector. Otros temas incluyen si la propiedad intelectual de los productos comunicacionales es del medio o del periodista; la necesidad de rendición de cuentas de los medios; la seguridad laboral para los y las comunicadores/as; el acceso e innovación de las nuevas tecnologías; las instancias encargadas de emitir orientaciones, políticas y directrices; la participación ciudadana en sistemas de veeduría; el acceso a una información pública transparente; los tipos de publicidad en beneficio y en detrimento de quién, y el compromiso de los medios de comunicación con la sociedad.

Según los y las participantes, esta democratización de la comunicación no pasa solo por una redistribución de frecuencias, sino por poner en discusión a qué tipo de comunicación apuestan los sectores sociales, la visión y dimensión de la misma, su carácter local, nacional y/o regional, el acceso a los medios de comunicación masivos y a las nuevas tecnologías. Estos son puntos básicos sobre los cuales deberían construirse las propuestas que se quiere incorporar en esta ley.

Otros desafíos señalados incluyen la investigación y el desarrollo tecnológico, la comunicación más allá de las telecomunicaciones, la concepción de lo comunitario y la seguridad y soberanía en la comunicación.

Es ahí donde esta nueva ley de comunicación en el Ecuador genera expectativa al ser parte de una reestructuración del Estado, y por ende la necesidad de que las organizaciones sociales, universidades, medios alternativos, gremios profesionales, formulen propuestas y aseguren su inclusión en los debates de la Asamblea Nacional. Para el Foro de la Comunicación la consigna de que “Sin democratización de la Comunicación no hay democracia”, tiene más vigencia que nunca. Es un reto en construcción que va más allá de la nueva ley de comunicación.

Comunicadores ecuatorianos participaron en marcha por el Día del Trabajo

Quito, Ecuador, 2 de mayo (OCLACC).- Con una multitudinaria marcha que recorrió desde las afueras del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, en el centro norte de Quito, hasta la tradicional Plaza de San Francisco, en el casco colonial de la ciudad, las trabajadoras y trabajadores, conjuntamente con jóvenes, niños, campesinos celebraron este primero de mayo el Día del Trabajo.

Durante la movilización se escucharon gritos y consignas en demanda de fuentes de trabajo, mejores condiciones de vida, estabilidad laboral y apertura al diálogo al gobierno central.

La marcha concluyó pasadas las 14h00, con una concentración masiva en la histórica Plaza de San Francisco en donde las organizaciones sindicales montaron una tarima desde donde los principales dirigentes gremiales pronunciaron discursos en rechazo al capitalismo, la crisis global y cuestionando la política gubernamental que ha "reencauchado a los políticos de la partidocracia", según expresaron.

En la movilización participaron también alrededor de 30 comunicadores, comunicadoras y representantes de varias organizaciones y redes de comunicación para promover una ley de comunicación "democrática y soberana".

"Comunicación, derecho de todos; banqueros a la banca, medios para todos", "sí queremos y sí nos da la gana, una comunicación libre y soberana", o "ley de comunicación libre y soberana, foro de la Comunicación, Presente!!!" fueron, entre otras, las consignas que se escucharon en esta movilización inédita de los comunicadores ecuatorianos integrados en el Foro Ecuatoriano de la Comunicación, para promover la construcción colectiva de un proyecto de ley de comunicación.

Desde las primeras horas de este viernes 1 de mayo, las comunicadoras y comunicadores ecuatorianos se concentraron en las inmediaciones del tradicional parque de "El Ejido", en donde prepararon varios cartelones con algunos de los planteamientos fundamentales para que la ley garantice el ejercicio pleno del derecho a la comunicación. "Frecuencias bien repartidas, libertad de expresión asegurada", se leía en uno de los carteles en el que se sugería la repartición equitativa de las frecuencias radioeléctricas para emisoras de radio y TV públicas, privadas y comunitarias.

El Foro Ecuatoriano de la Comunicación abrió la convocatoria a los representantes de varias redes de comunicación, organizaciones sociales y populares, así como a varios actores del proceso comunicativo para intensificar las jornadas de trabajo y reflexión sobre los contenidos irrenunciables que se exigirá se incluyan en la ley de comunicación, que tiene que ser aprobada a más tardar hasta mediados de octubre próximo.

Para el martes 5 de mayo, desde las 09h00, en la sede de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador se llevará a cabo una Conferencia-Foro sobre la Libertad de expresión y el derecho a la comunicación, en el marco de las celebraciones por el Día Mundial de la Libertad de Prensa.

De igual manera, para el jueves 7 de mayo, en el aula virtual de la Facultad de Comunicación Social, FACSO, se realizará un nuevo conversatorio orientado a definir las propuestas para el Proyecto de nueva Ley de Comunicación. Esta jornada se cumplirá desde las 16h00.

Foro de la Comunicación activa trabajo para construir una ley democrática

Quito, Ecuador, 24 de abril (OCLACC).- El Foro Ecuatoriano de la Comunicación continúa trabajando en la elaboración de un proyecto de Ley de Comunicación que garantice la exigibilidad de los derechos que consagra la Constitución Política del Estado, en materia de comunicación, y regule las diferentes áreas y procesos vinculados al quehacer comunicacional.

El colectivo integrado por representantes de varias organizaciones y redes de comunicación, gremios profesionales y Facultades y Escuelas de comunicación activó un mecanismo de trabajo permanente para definir los principales temas que deberían incluirse en la propuesta de ley, así como los fundamentos conceptuales y jurídicos que los sustenten.

Paralelamente a la elaboración de la propuesta legal, el Foro impulsará una serie de actividades académicas y de vinculación con organizaciones y movimientos sociales y ciudadanos para continuar recogiendo propuestas y visiones que alimenten el proyecto de ley, así como para socializar los enfoques y principios sobre los cuales se va avanzando en la propuesta colectiva de la nueva normativa legal.

Movilización por una ley democrática y soberana

El Primero de Mayo, con ocasión de la celebración del Día Internacional de los trabajadores, las y los comunicadores y trabajadores de la comunicación, que integran el Foro Ecuatoriano de la Comunicación, participarán en la movilización unitaria para demandar una "ley democrática y soberana" y socializar algunos principios básicos que están integrándose al proyecto de ley que está en construcción.

Así también, el próximo 5 de mayo, la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador y el Colegio de Periodistas de Pichincha realizarán un foro abierto sobre el tema "Libertad de expresión y Derecho a la Comunicación", como un acto celebrativo del Día Internacional de la Libertad de Expresión que se cumple el 3 de mayo.

Adicionalmente, para la segunda semana de mayo se prepara un gran Encuentro orientado a reflexionar sobre los contenidos fundamentales de la propuesta de ley. Mientras tanto, para el 22 de mayo se realizará una posta atlética por la libertad y se depositará una ofrenda floral en el Templo de la Patria, en la Cima de la Libertad, como expresión simbólica por la comunicación y la libertad.

En el marco de las actividades de movilización para la incidencia del proyecto de ley de comunicación, la Asociación Católica Ecuatoriana de Comunicación, SIGNIS-Ecuador, el 23 y 23 de mayo realizará también su Asamblea Nacional, en la que se reflexionará sobre el tema central para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales: "Nuevas tecnologías, nuevas relaciones. Promover una cultura de respeto, de diálogo y amistad", y en torno al tema del Mutirao Latinoamericano de comunicación "Procesos de Comunicación y Cultura solidaria", que se cumplirá del 12 al 17 de julio, en Porto Alegre, Brasil.