DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

DEMOCRATIZACIÓN DE LA COMUNICACIÓN PARA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Garantiza propuesta de ley presentada por el Foro de la Comunicación

La democratización de la comunicación sustentada en la garantía para el ejercicio del derecho a las libertades de información, expresión y opinión, la libertad de prensa, la equidad en el reparto de las frecuencias; la pluralidad tanto en el uso, acceso y posesión de los medios de comunicación están contempladas en el proyecto de Ley Orgánica de la Comunicación, presentada el día de ayer por el Foro Ecuatoriano.

La distribución del espectro radioeléctrico en tres tercios para medios públicos, privados y comunitarios como garantía de la pluralidad en el reparto de este bien público; los derechos, responsabilidades y deberes de los medios de comunicación; el marco para que los medios públicos respondan a las demandas sociales y no gubernamentales; los requisitos para la concesión de frecuencias; la convergencia digital y los servicios de telecomunicaciones, entendiendo que todos los medios son canales que utilizan plataformas tecnológicas a través de las cuales circulan sentidos que transportan la expresión y opinión de la ciudadanía, son elementos que contempla esta ley para garantizar los derechos contemplados en la Constitución.

Por tanto, las regulaciones referentes a la administración y distribución del espectro radioeléctrico deben aplicarse, según esta ley, para todos los servicios de telecomunicaciones, sea cual fuere el soporte utilizado, así como de los servicios convergentes además de las protecciones y garantías para la inviolabilidad de datos personales, la privacidad y la intimidad.

Además incluye las regulaciones para el libre acceso a la información de carácter público, la normativa que permita a la ciudadanía contar con una información verificada, oportuna, contextualizada y sin censura previa; la cláusula de conciencia, la reserva de fuente, la rectificación y la reparación de los daños causados por publicaciones inexactas, así como los elementos necesario para que los medios cumplan con su carácter de servicio público y respondan con programación de calidad a las necesidades y demandas de la sociedad.

Para el efecto, y en respuesta a lo establecido en la Constitución, también se establece el Sistema Nacional de Comunicación, entendido como el articulador de todos los actores comunicacionales, las políticas, la normativa y la institucionalidad que garanticen el goce efectivo de los derechos. En cuanto a la institucionalidad se propone básicamente un órgano rector de la política nacional de comunicación, con rango ministerial; y como contrapeso ciudadano al Consejo Social de la Comunicación, como ente autónomo, con capacidad de participación real en las políticas de comunicación y canalizador de las demandas de los distintos actores.

Esta propuesta de ley establece que el control de contenidos debe ser social y no gubernamental y por lo tanto debe ser el Consejo Social de la Comunicación el que canalice las demandas sociales y sea el encargado de velar y contribuir al ejercicio pleno de la comunicación y de la libertad de expresión, la defensa y garantías de los tres sectores de medios y el impulso a la participación ciudadana.

Esta iniciativa social, que no responde a motivaciones partidistas y fue entregada a la Asamblea Nacional, a través del bloque Pachakutik, fue elaborada por un conjunto de organizaciones entre ellas Universidades, gremios de profesionales, redes sociales de comunicación y organizaciones sociales, que conforman el Foro y en el marco de la Coordinadora Social de la Comunicación conformada con el fin de consensuar y articular las propuestas existentes de la sociedad.

El documento fue suscrito por la Facultad de Comunicación de la Universidad Central del Ecuador, la Federación Nacional de Periodistas, el Colegio de Periodistas de Pichincha, la CORPANP Corporación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos, Alternativa Faro, CONAIE, CODENPE, Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador, Unión Metropolitana de Barrios de Quito, Federación de Barrios de Carcelén, Fundación Tukui Shimi y ALAI.